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Mafias (IV): Perspectivas
© Eduardo Luis Junquera Cubiles (eduljc@yahoo.es)
www.laexcepcion.com (12 de diciembre de 2014)

Mafias (I): Al servicio del Capital
Mafias (II): Incrustadas en el Sistema
Mafias (III): El saqueo de lo público
Mafias (IV): Perspectivas

Cuarta y última parte de la serie, en la que Eduardo L. Junquera analiza las leyes hechas en contra del pueblo español, los beneficios de las eléctricas, los desahucios y la exclusión social, y ofrece algunas conclusiones personales.

Leyes contra el pueblo

Si volvemos la vista atrás tan solo unos años, podremos recordar cuántas personas dieron su vida durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista para tener una democracia que no cumple las expectativas mínimas que teníamos en 1978. Ni los sindicatos defienden los intereses de los trabajadores ni los partidos son organizaciones transparentes al servicio de los ciudadanos, sino grupos de presión con sus medios de comunicación de los que se sirven para mentir y manipular y a los que sirven cuando recuperan el poder. Tampoco los jueces conforman un poder independiente porque los mecanismos de los que dispone nuestra democracia les hacen depender del poder político. Las televisiones autonómicas no son entes imparciales, sino maquinarias sectarias al servicio del cacique de turno convenientemente disfrazado de demócrata, y así un extenso listado de temas pendientes.

No es demagogia, sino realidad, decir que la gente normal vive bajo el imperio de la ley en España mientras que las élites viven fuera de esas leyes con normas hechas ex profeso para ellos. No sólo para que puedan delinquir, también para garantizar la impunidad de sus delitos. Ésta no es la democracia con la que soñaron nuestros padres y abuelos. La crisis que hemos vivido desde 2008 nos ha mostrado lo peor de nuestros políticos y de nuestro sistema. Se han protegido siempre los derechos de los más poderosos: es el caso, por poner un ejemplo, de los grandes bancos rescatados por los gobiernos al inicio de la crisis. El dinero que recibieron de los estados fue obtenido a unos intereses irrisorios; posteriormente, cuando estos mismos bancos han prestado dinero a los Estados o han comprado deuda pública de los mismos, lo han hecho a unos intereses abusivos que hacen que recursos que se podrían dedicar a medidas sociales destinadas a paliar los efectos de la crisis, deban destinarse a pagar la deuda de los países en apuros.


Eléctricas y bancos

Las empresas eléctricas no han cesado de aumentar sus beneficios desde el inicio de la crisis: el encarecimiento del precio del recibo de la energía ha aumentado más de un 60% entre 2007 y 2013. Se calcula que las compañías energéticas han obtenido con estos aumentos unos beneficios adicionales de casi 22.000 millones de euros. Pese a ello, el Partido Popular rechazó en el Congreso en diciembre de 2013 la tramitación de la propuesta legislativa de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) con medidas destinadas a combatir la "pobreza energética", entre las que están las de imposibilitar a las eléctricas cortar durante el invierno el suministro de luz a las familias que no puedan hacer frente a los pagos. Iberdrola y Endesa, las dos mayores compañías del sector en España, cortaron el abastecimiento de energía a más de un millón de clientes durante el año 2013.

http://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/02/RecIniciativaPopularA1-300x182.jpgLos bancos tienen en su poder cientos de miles de viviendas vacías. Mientras, desde el inicio del estallido de la burbuja inmobiliaria, se han producido en nuestro país más de 400.000 desahucios. Tanto PP como PSOE se han negado reiteradamente desde 2011 a impulsar cambios en la ley hipotecaria. Varias plataformas ciudadanas presentaron en el Congreso Iniciativas Legislativas Populares (ILP) con objeto de que sus señorías fueran conscientes del problema de los desahucios. Ninguna de ellas llegó a ser debatida en un pleno. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que la actual ley daña los derechos de los consumidores y considera que no garantiza a los ciudadanos una protección idónea frente a las desmesuradas cláusulas de las hipotecas. Las sucesivas reformas laborales de Zapatero en 2010 y de Rajoy en 2012 sólo han servido para empobrecer a los trabajadores y para conformar un deleznable mercado laboral que institucionaliza el trabajo precario. Ambos partidos han creado un marco jurídico que protege a los empresarios frente a los trabajadores y les garantiza impunidad total a la hora de cometer sus tropelías sobre ellos.


Representantes políticos frente a sociedad civil

Mientras todo esto sucede, nuestros políticos no han sido capaces de llegar a un pacto que evite la exclusión social. No importa que hablemos de renta básica o de cualquier otra medida, simplemente no existe voluntad política por parte de los dos grandes partidos. Iniciativas como la recogida y el reparto de alimentos o la apertura de comedores sociales tienen su origen en la sociedad civil a través de diferentes ONG, pero no en el Estado, que no ha querido dar respuesta al inmenso drama social que la crisis ha provocado en la sociedad. Los dos grandes partidos utilizan de forma recurrente la demagogia y la mentira para no perder sus privilegios, pero hasta eso está cambiando porque la sociedad percibe que todo aquello con lo que PP y PSOE tratan de asustarnos para frenar el avance de formaciones como Podemos, lo han traído ellos: seis millones de parados; corrupción institucionalizada; disminución del tamaño del sector público con el consiguiente aumento del poder de empresas privadas que sólo buscan el beneficio económico y no el bien común; millones de personas en riesgo de exclusión social a causa no sólo del desempleo, sino de los bajos salarios; despilfarro de dinero público; disminución de la inversión en becas; deterioro de los servicios públicos, especialmente en educación, sanidad y dependencia; impunidad de los poderosos a la hora de cometer sus desmanes, etcétera.


Conclusiones

Volviendo al principio de este artículo, no podemos negar la responsabilidad del ciudadano común porque también son prácticas mafiosas las que utilizamos muchos de nosotros. Si exigimos y aspiramos a una democracia de calidad, no podemos acompañar al cuartelillo de la Guardia Civil o a la puerta del juzgado a dirigentes acusados de corrupción a los que vitoreamos por el hecho de que pertenezcan al partido con el que simpatizamos.

La corrupción no ha derribado un solo gobierno en España. Desde la llegada al poder del PSOE en 1982, el partido se vio salpicado por numerosos casos de corrupción. La mayoría de ellos sólo empezaron a conocerse a finales de la década de los ochenta (en noviembre de 1989 el caso Juan Guerra fue destapado por el diario El País). Desde entonces hasta el final del ciclo socialista en 1996, no cesamos de tener conocimiento de esas corrupciones, pero lo que acabó con el PSOE fue la mala gestión económica. Tampoco el PP ha sufrido merma alguna en el número de votos en la Comunidad Valenciana, en la que ha obtenido mayoría tras mayoría. El ex presidente de Cataluña, Jordi Pujol, ha veraneado en un pequeño pueblo del Pirineo Catalán protegido por el silencio y el enorme afecto que le profesan sus convecinos a los que ha robado miles de millones de euros.

Son muchas cosas las que debemos corregir, y hemos de tener claro que los cambios han de hacerse sin contar con los dos grandes partidos porque son los culpables de la actual catástrofe y quienes menos desean que estos cambios se produzcan. Cualquier mudanza supervisada por ellos, sólo será otra estafa para que nada cambie. La asunción de responsabilidades en las comunidades más afectadas por la corrupción como Madrid, Cataluña, Valencia o Andalucía supondría el abandono de la política de prácticamente la totalidad de los altos cargos de los partidos que gobiernan en estas regiones. Por eso no asumirán nada y continuarán con su retórica falsa y vacía. Por eso no podemos confiar en ellos.

Hay demasiados temas pendientes: la ley electoral; las listas abiertas; la financiación de los partidos; la opacidad de las diferentes administraciones; los sindicatos subvencionados; la función de las televisiones autonómicas; los medios de comunicación complacientes con el poder; la concesión de obras públicas; el papel de la Agencia Tributaria en la persecución del enorme fraude fiscal; la elección de los principales cargos públicos; el sistema de aforamientos e indultos, etcétera. Tal vez no dé más de sí el sistema nacido de la Transición, que muestra signos de agotamiento. Tal vez entonces, entre miedos, políticos franquistas, terrorismo, ruido de sables, poderes fácticos y presiones exteriores, no fue posible construir nada mejor que todo esto que ha resultado ser un enorme castillo de cartas marcadas que garantizaba la paz social en tiempos de bonanza, pero que muestra todas sus carencias en medio de esta crisis económica e institucional. Hay un cierto triunfo por parte de los dos grandes partidos porque durante años el ciudadano medio percibió nuestro sistema como un gigante inmutable y lejano, y eso le hizo sentirse impotente y desalentado frente al mismo. El resultado fue el desinterés, principalmente de los más jóvenes, por la política, lo cual dejó solos a los peores políticos.

El psicoanalista Manuel Noriega Borrachero ha expresado perfectamente una de las más sutiles distorsiones intelectuales que la crisis ha producido, que es la asunción por parte de los oprimidos del discurso de los opresores. Yo comprendo que el PSOE o el PP vean con temor el triunfo de nuevas formaciones como Podemos; lo que no acierto a entender es el miedo que suscita entre ciudadanos que trabajan en el sector precario o entre personas cuyo sueldo es inferior a 800  euros. Son los mismos que repiten los mensajes provenientes del poder: "Aquí ha habido una fiesta y alguien debe pagar los platos rotos" o "Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades". Por eso hay que hacer pedagogía y recuperar la ética como el principal valor en política. Son muchos los periodistas que hacen hincapié en la escasa formación de nuestros políticos, pero hay casos sobrados de servidores públicos de extraordinaria formación que han incurrido en corrupciones. La inteligencia sin virtud no sirve de nada, crea más perjuicios que beneficios, y acaba revelándose como algo estéril.

Los nuevos partidos como Podemos o la Izquierda Unida de Alberto Garzón han irrumpido en el panorama político con un impulso y un aire renovado que nos hace sentir de nuevo ilusión por la política porque parece que surge una nueva oportunidad para rearmar moralmente el país poniendo al frente del mismo a los más capaces y no a los más serviles; a los más honestos y no a los que reclaman el "derecho de cuna"; a quienes tengan verdadera vocación de servicio público y no a quienes tienen un concepto puramente utilitario de la política. El miedo de los dos grandes partidos hacia Podemos no nace del alcance renovador de las reformas que proponen y que entre todos –no hay otra forma– podamos llevar a cabo, sino de que Podemos desarrolle una verdadera democracia que no sólo coloque en los principales puestos a quienes lo merezcan, sino que desvele los oscuros entramados entre el poder político, empresarial y económico para saber con detalle quiénes se han beneficiado de nuestro sistema desde el final del franquismo. Saber, por ejemplo, quiénes han sacado más partido de la desaparición de nuestro sistema de cajas de ahorros y conocer los verdaderos motivos de su conversión en bancos; conocer con detalle todas las operaciones que han lucrado a las compañías eléctricas durante los últimos quince años, incluyendo las coberturas jurídicas para dar apariencia legal a sus tropelías; saber realmente quienes (incluyendo los bancos españoles) se han enriquecido con nuestra deuda pública; saber el resultado final, aunque se tarde años en hacerlo, de una auditoría pública que nos permita saber cuánto dinero hemos perdido en las diferentes privatizaciones de empresas y entes públicos llevadas a cabo por PP y PSOE y quiénes están detrás de estas privatizaciones; conocer, más allá de eufemismos, sociedades pantalla y ocultación de datos, la cantidad de dinero público con que financiamos a sindicatos, partidos políticos, diferentes fundaciones, ONG de dudosa utilidad social, SICAVS e Iglesia Católica. Determinar las razones de que sean siempre las mismas empresas las que obtienen en España los contratos más suculentos e importantes en el ámbito público. En suma, que se desvelen ya nuestras vergonzosas reglas para mantener un mundo injusto y alejado de la verdad y los ciudadanos.

Hay que reformar el sistema democrático implantando procedimientos de transparencia y control del dinero público más efectivos. También se deben crear espacios de mayor participación del ciudadano en los problemas que a todos atañen. La creación de mecanismos de transparencia y de control preestablecidos nos hará depender menos de que en un momento concreto de nuestra historia haya o no políticos honestos. O afrontamos ahora los cambios sin los dos grandes partidos, o España tardará otros cien años en subirse del nuevo al tren de la Historia. Entre todos, con honestidad, trabajo, decencia y altura de miras –por difícil y desesperanzadora que sea nuestra situación actual–, acabaremos encontrando el camino.

Para escribir al autor: eduljc@yahoo.es
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Fuente de la imagen: fundeu.es

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