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Mafias (III): El saqueo de lo público
© Eduardo Luis Junquera Cubiles (eduljc@yahoo.es)
www.laexcepcion.com (12 de diciembre de 2014)

Mafias (I): Al servicio del Capital
Mafias (II): Incrustadas en el Sistema
Mafias (III): El saqueo de lo público
Mafias (IV): Perspectivas

Tercera entrega de la serie, en la que Eduardo L. Junquera explica los ERE de Andalucía, la trama Gürtel, los sobrecostes en obras públicas, la pobreza infantil, el gobierno de las farmacéuticas y el despilfarro en obras inútiles en España.


Los ERE de Andalucía

Son prácticas mafiosas las llevadas a cabo en Andalucía en la trama de los ERE. Según el informe de la Cámara de Cuentas, se contabiliza el fraude en más de 1.200 millones de euros. Las investigaciones judiciales aún deben determinar qué cantidades llegaron a empresas y prejubilados reales y cuánto se ha perdido en comisiones ilegales y subvenciones otorgadas a empresas creadas o integradas en la trama sin más objetivos que los de recibir fondos públicos. Es inadmisible que se cree una partida presupuestaria en la Junta de Andalucía de alrededor de 700 millones de euros de la cual se sacaba dinero con la más absoluta opacidad. De esa partida salían los fondos para efectuar los pagos a empresas y trabajadores. El propio gobierno del señor Chaves se ocupó de que las subvenciones no estuvieran sujetas a los protocolos formales y de que tuvieran una apariencia de normalidad jurídica, creando para ello un convenio específico. Aunque el Gobierno de Griñán también defendió la legalidad de los procedimientos utilizados para otorgar subvenciones, en su día anuló el convenio que los regulaba. Pese a esta defensa, quien fuera interventor de la Junta avisó en varios informes de las irregularidades del convenio. Estos informes fueron remitidos al propio Griñán, que entonces era consejero de Economía y Hacienda.

La instrucción de la juez Alaya nos da una cifra de 143 imputados; 27 de ellos son altos cargos de los sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía, entre los cuales está la ex ministra y ex consejera de la Junta andaluza, Magdalena Álvarez, que tuvo que dimitir a causa del escándalo de su cargo como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Se consideran "preimputados" los dos expresidentes Chaves y Griñán, a los que hay que sumar cinco ex consejeros de la Junta. La "preimputación" no es una acusación en toda regla, sino un trámite previo dada la condición de aforados de los nombrados anteriormente a los que se comunica la apertura del procedimiento judicial en el cual se presume su colaboración para el uso ilícito de fondos públicos.

En esta trama también están implicados los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, con toda una red de empresas que recibían fondos ilegales cada vez que se tramitaba un ERE. Un fraude masivo que ni ha tenido una respuesta de repulsa por parte de los ciudadanos a través de las urnas ni tampoco por parte del PSOE. Al contrario, la juez Alaya sufre continuos ataques por parte de altos dirigentes de este partido que no es más que un grupo de poder al servicio de intereses espurios. Las últimas noticias acerca del caso indican que la magistrada considera imprescindible la apertura de una nueva macrocausa para investigar la inmensa e intrincada trama que implicaría en este nuevo proceso a miles de personas con costes para el erario público de alrededor de 3.000 millones de euros. La propia juez calcula que el volumen de esta documentación podría ascender a más de dos millones de folios.


La trama Gürtel

Son prácticas mafiosas, tampoco sancionadas por los votantes, por cierto, las llevadas a cabo por la trama Gürtel en la Comunidad de Valencia. El periodista Sergi Castillo, autor del libro Tierra de saqueo, calcula en su libro que las cantidades de la corrupción en Valencia superan los 12.500 millones de euros. La infinidad de casos que han salido a la luz (Gürtel, Bárcenas, Canal 9, Terra Mítica, Brugal, Nóos, Cooperación, Over Marketing, etcétera), ponen de manifiesto una trama de corrupción institucionalizada perfectamente organizada para expoliar las arcas públicas valencianas al amparo del PP. Aquí no hablamos sólo de mala gestión del dinero público, sino de unas cifras de corrupción que afectarían por su magnitud a la capacidad de cualquier gobierno autonómico de hacer frente a sus gastos. Ahora, tras más de seis años de crisis, agravada en comunidades más expuestas al negocio de la especulación y la construcción como es el caso de Valencia, faltan fondos públicos para hospitales, educación o dependencia y tenemos derecho a saber qué se ha hecho con nuestro dinero.

La primera condena relevante ha sido la de Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón, delincuente continuamente jaleado y respaldado por sus conciudadanos. Hay unos cien dirigentes del PP que han sido altos cargos, ex alcaldes y ex responsables de ayuntamientos, diputaciones y consellerías que esperan el momento de sentarse en el banquillo imputados o acusados de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, fraude fiscal, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Eurostat cifra en más de 8.000 millones de euros el dinero negro malversado por las diferentes administraciones valencianas. ¿Cómo hemos permitido que estos delincuentes nos gobiernen?


Los sobrecostes en obras públicas

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Son prácticas mafiosas los inexplicables sobrecostes del Ministerio de Fomento. En España son comunes las modificaciones de presupuestos (lo cual supone un fraude cometido, una vez más, con dinero público) posteriores a la adjudicación de una obra. Incluso desde Bruselas se nos ha llamado la atención porque nuestro sistema adultera las contrataciones. Fue en 2007. La Unión Europea se negó a que los Fondos de Cohesión para grandes infraestructuras fueran utilizados para pagar sobrecostes. No todas estas desviaciones están relacionadas con la corrupción, también hablamos de mala gestión. Los expertos en contratación de obra pública concuerdan a la hora de señalar que prácticamente el 100% de las obras de la Administración Pública sufren sobrecostes y ninguna, a partir de un cierto volumen económico, se adjudica por las cantidades que se aprobaron en un principio. No es inhabitual que existan causas que justifiquen realmente la alteración de un presupuesto debida a errores de cálculo o a imprevistos de cualquier tipo, pero también ha sido común que los estudios, debidos a las prisas relacionadas con el calendario electoral, no se hayan realizado correctamente o que los sobrecostes se utilicen para pagar tramas de corrupción o, incluso, de financiación de partidos.

Otro fenómeno habitual que vicia los concursos públicos es que las empresas, confiando precisamente en un futuro aumento del coste inicial, efectúen una puja a la baja para ganar el concurso. Los expertos consultados coinciden también en que el proceso actual de adjudicación de obras está bien regulado y que no es fácil favorecer a una empresa concreta, lo cual indica que los errores y las corruptelas son posteriores al concurso. El cambio de presupuesto fue previsto inicialmente como algo excepcional, pero ha terminado siendo habitual y teniendo un coste elevadísimo para los ciudadanos. Se calcula que en los seis últimos ejercicios, los que van de 2008 a 2014, los sobrecostes han supuesto un cargo para el gobierno de España de más de 10.000 millones de euros, a los que habría que añadir las cantidades que, presumiblemente, habrían pagado por encima de lo inicialmente acordado otras administraciones como ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones. Esta cantidad es equivalente a los recortes en sanidad y educación anunciados por Rajoy en abril de 2012.

Fomento no es el único ministerio mal gestionado: en el mismo espacio de tiempo, el Ministerio de Medio Ambiente pagó más de 1.531 millones por sobrecostes en obras hidráulicas. El diario El País ha desvelado que han sido las investigaciones sobre las obras del AVE entre Madrid y Barcelona las que han puesto de relieve las verdaderas cantidades de los sobrecostes que la administración paga en España por obras públicas. Estas cifras demuestran que hay recursos para todo y para todos; lo que se echa de menos es una mejor gestión y dar prioridad a lo que de verdad importa en una democracia. La prioridad de PP y PSOE es proteger los intereses de los poderosos y de quienes más tienen.

Un último ejemplo: el Gobierno de Mariano Rajoy modificó las condiciones legales de la deuda pública española para que los bancos no puedan, en ningún caso, perder dinero. Hace dos años prometieron lo contrario: aumentar las inversiones en servicios sociales si la prima de riesgo se reducía. La prima de riesgo ha pasado de su máximo histórico de 638 puntos en julio de 2012 a rondar los 120 puntos en la actualidad, y el Gobierno continúa incumpliendo sus promesas.


Pobreza infantil

Son prácticas criminales –sin eufemismos– lo que han hecho varias comunidades autónomas negándose a abrir en verano los comedores escolares, tal como había recomendado la Defensora del Pueblo. Para ello han alegado razones absurdas más relacionadas con el decoro y las apariencias que con la durísima realidad que a día de hoy vivimos. El informe de Cáritas Europa deja claro que España es el segundo país con más pobreza infantil de la Unión Europea, sólo superado por Rumanía. Esta situación está causada directamente por las medidas de austeridad aplicadas en los países más afectados por la crisis. Cáritas calcula en un 29,9% el número de españoles menores de 18 años que viven al borde de la exclusión social. El informe fue presentado en Atenas en el mes de marzo de este año. Tan solo un mes después, la ONG Save the Children amplió este porcentaje hasta un 33,8%.

Marta Arias, de UNICEF, explica que existen muchos indicadores de pobreza, pero no estudios oficiales sobre la desnutrición o malnutrición infantil porque no se ha llevado a cabo ninguno de alcance nacional. La propia UNICEF, por medio de sus estudios sobre la infancia, señala que en España hay aproximadamente 2,2 millones de niños por debajo del umbral de la pobreza. También Eurostat aporta datos acerca del concepto de "privación material severa" referido a aquellos hogares que no se pueden permitir cuatro de los nueve criterios establecidos, por ejemplo una comida de carne, pollo o pescado como mínimo tres veces por semana. Todos los profesores de escuelas públicas dicen que hay niños que comen mal. Naturalmente, no se refieren a malos hábitos alimenticios, sino a que sólo hacen una comida completa y equilibrada al día y esa es la del comedor escolar. Nada hay para no afrontar un problema como negar su existencia. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha negado los datos de Cáritas en más de una ocasión. Miente y debería sentir vergüenza de negar la realidad en una de las cuestiones más delicadas y graves que hemos conocido en décadas.


Jugando con la vida de los enfermos

Son prácticas criminales las llevadas a cabo en la actualidad por el Ministerio de Sanidad negando a los afectados por Hepatitis C un tratamiento eficaz por motivos económicos. Los afectados por esta enfermedad en España –entre 500.000 y 900.000 son portadores del virus– alegan que por esta causa siguen muriendo cientos de enfermos. Alrededor de cuatro mil en 2013. La responsabilidad de la Administración es aún mayor si tenemos en cuenta que la mayoría de ellos han contraído la enfermedad en hospitales públicos por medio de transfusiones sanguíneas.

La nueva terapia combina tres medicamentos: Sovaldi, el nuevo remedio revolucionario, es un inhibidor de la polimerasa que ataca el virus eliminándolo en apenas una semana aunque siempre ha de ir acompañado del antiviral Ribabirina y, en algunos casos, de Simeprevir, un inhibidor de la proteasa. Esta terapia funciona a la perfección en Estados Unidos curando a los enfermos que disponen de dinero para pagar este tratamiento. Recordemos que la sanidad de ese país es privada y que sólo se curan quienes tienen un poder adquisitivo elevado. El nuevo tratamiento no tiene los terribles efectos secundarios de otros medicamentos destinados a tratar la Hepatitis C, es más efectivo (ofrece una curación completa) y daría cobertura a más enfermos.

Se calcula que más de trescientos enfermos murieron entre junio y septiembre por falta de atención sanitaria. El portavoz de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso, Mario Mingo Zapatero, explicó en el mes de junio que la reunión no se celebraría antes de septiembre "porque ya ha terminado el período de sesiones y los portavoces tendrían que venir expresamente para esto". Es una forma de decir que el problema no es lo suficientemente grave –ni siquiera estando en juego vidas humanas– como para interrumpir o posponer las vacaciones de sus señorías. Creo que este caso representa a la perfección los problemas de la política en España: ni nos representan ni sus problemas son los nuestros ni se ven ellos mismos como nuestros empleados y como servidores públicos, tan sólo como una élite distante a la que importamos sólo a la hora de depositar nuestro voto. Los dos grandes partidos hablan cínicamente del "bien común" y de "solidaridad", y cuando se presenta cualquier oportunidad de desarrollar estos valores y principios suelen dejarnos en la estacada.

Por supuesto que el problema tiene un alcance mayor: la incapacidad de la mayoría de gobiernos mundiales de legislar en contra de los laboratorios farmacéuticos (la tercera industria mundial tras el tráfico de drogas y el de armas) para que estos desarrollen sus trabajos e investigaciones por motivaciones éticas y no económicas. Hasta tal punto hemos interiorizado las prácticas del capitalismo injusto, que aceptamos como inevitable todo lo que el mercado y las multinacionales nos ofrecen, incluyendo la muerte de enfermos que no pueden costearse un tratamiento. Nuestros políticos se pliegan ante cualquier poder porque en el fondo pertenecen a la misma clase dominante.

En este caso específico es de justicia reconocer la labor de algunos de ellos. La diputada del BNG, Rosana Pérez Fernández, presentó a la Mesa del Congreso la proposición no de ley relativa al acceso urgente a la nueva generación de fármacos para erradicar la Hepatitis C para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares dirigió a la Mesa del Congreso varias preguntas al Gobierno de España con solicitud de respuesta escrita sobre el Plan de Acción contra la Hepatitis C. También la Asamblea de Madrid, a instancias de IU, ha aprobado una proposición no de ley respaldada por todos los grupos, en la cual se insta al Ministerio de Sanidad a que negocie con la industria farmacéutica los costes de los tratamientos de los enfermos de Hepatitis C.

Todas las asociaciones de enfermos consideran imprescindible el cambio de ley para negociar con las empresas farmacéuticas los precios de los medicamentos, puesto que éstas están autorizadas por ley a fijar los precios de forma libre durante diez años. La ya ex ministra Ana Mato nunca respondió ni tampoco recibió a las diferentes asociaciones y plataformas de afectados por  esta enfermedad (aunque alcanzó en septiembre de este año un acuerdo con el laboratorio Gilead para incluir el fármaco que cura la hepatitis C  en la financiación pública), como tampoco lo ha hecho el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Rodríguez.

A día de hoy, la Plataforma de Afectados por Hepatitis C denuncia desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas a la hora de recibir la nueva combinación de fármacos. A la espera de las medidas que adopte el nuevo ministro de sanidad, Alfonso Alonso, respecto a los enfermos de hepatitis C, debemos decir que el ministerio dirigido por la ex ministra Ana Mato presentó en octubre una partida de gasto de tan solo 125 millones de euros. Con esta cifra, dado el precio fijado por el ministerio con el laboratorio Gilead, sólo podrán ser tratados 4.902 enfermos.

La negación de ayuda a los pacientes de Hepatitis C se produce en un país con una interminable lista de proyectos y obras, fruto de una mezcla de delirios de grandeza de nuestros gobernantes, justificaciones para desviar dinero a tramas de corrupción, mala gestión del dinero público y aldeanismo.


Despilfarro en obras inútiles

Entre las obras que han supuesto un despilfarro más escandaloso están las siguientes:

1) El aeropuerto de Castellón, que costó más de 150 millones de euros y fue inaugurado sin tener la licencia para operar vuelos comerciales. A día de hoy aún no ha entrado en funcionamiento. Este aeropuerto fue impulsado por el condenado Carlos Fabra, que reconoció tiempo después que su construcción respondía a motivos electorales; algo parecido, aunque no en la misma medida que el caso de Castellón, se puede decir de los aeropuertos de Lérida, León, Badajoz, Navarra y Huesca (este último se ha convertido en el aeropuerto con menor tránsito de España con una media de menos de un pasajero al día). La mayoría de ellos han sufrido carísimas ampliaciones pese a que su bajísima actividad no justificaba dichas obras. El caso más grave es el del aeropuerto de Ciudad Real, inaugurado en 2008 y cerrado en el año 2012 tras una inversión de 1.100 millones de euros.

2) La Ciudad de la Luz de Alicante que aspiraba a convertirse en una suerte de Hollywood español. El proyecto fue promovido por Eduardo Zaplana. A día de hoy está en venta. Su coste inicial de 100 millones de euros se disparó hasta los más de 274 millones. El dinero público invertido en el proyecto fue considerado competencia desleal por la Unión Europea. Los estudios están en desuso desde 2013.En la actualidad están en venta y sólo se mantienen en ellos cinco trabajadores.

3) La Ciudad del Circo de Alcorcón. Este gigantesco proyecto ha arruinado al consistorio de este municipio madrileño. En principio, fue presupuestado en 120 millones de euros, pero las obras tienen ya un sobrecoste del 40% cuando tan solo se ha construido un 69% de lo previsto. Para su construcción fue necesario demoler un parque y una biblioteca.

4) La línea 9 del metro de Barcelona. Iniciada en 2003, ha pasado de un primer presupuesto de 2.600 millones de euros a un coste que ya asciende a la increíble cifra de más de 16.000 millones. Sólo se han inaugurado 12 de las 52 estaciones planeadas.

5) La Ciudad de la Cultura de Galicia. Se halla situada en el Monte Gaiás en Santiago de Compostela. El proyecto fue diseñado por el arquitecto estadounidense Peter Eisenman para hacer de Galicia una referencia cultural de primer orden. Su coste fue de más de 400 millones de euros, aunque sólo está abierta al público la tercera parte de sus instalaciones.

6) El Hospital Universitario Central de Asturias. Construido para sustituir al Hospital Universitario de Oviedo que, extrañamente, alberga más plazas. De los 205 millones de euros iniciales con los que se proyectó su construcción, hemos pasado a nada menos que 1.300 millones. La necesidad real de construir este hospital es más que cuestionable.

7) El Nuevo Puerto Deportivo de Laredo. Fue inaugurado por el entonces presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el 27 de marzo del año 2011, aunque no atracó el primer barco en las instalaciones hasta trece meses después. Su construcción es relativamente barata, 90 millones de euros, si la comparamos con los casos antes citados, pero se da la circunstancia de que, con semejante inversión, la ocupación se halla baja mínimos.

8) Túneles de la M-30. La cifra inicial de las obras de soterramiento de la M-30 madrileña fue  de 1.700 millones de euros presupuestados en el año 2004. Pero el mayor de los proyectos  del ex alcalde Alberto Ruiz-Gallardón no cesó de aumentar. Un año más tarde, la adjudicación del contrato a ACS y Ferrovial se produjo por un precio de 2.500 millones, aunque después se dijo que el coste final fue de  3.500 millones porque había que sumar el IVA. Finalmente, el gobierno local aseguró que el gasto había sido de 5.600 millones. Desde la oposición en el ayuntamiento apuntaban que a este dato habría que sumar los intereses, por lo que estiman el desembolso total en 10.406 millones de euros.

Algunos casos tales como el de Fórum de Barcelona o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia han visto cómo los sobrecostes se aproximaron a los 1.000 millones de euros. Ahora nos repiten de forma insistente que no hay dinero para educación, sanidad o dependencia, pero lo cierto es que lo necesario es gestionar las cosas de un modo correcto. No nos faltan recursos ni siquiera en la actual situación. Lo necesario es saber cuáles son nuestras prioridades.

Para escribir al autor: eduljc@yahoo.es
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Fuente de la imagen: entomelloso.com

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