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Mafias (II): Incrustadas en el Sistema
© Eduardo Luis Junquera Cubiles (eduljc@yahoo.es)
www.laexcepcion.com (12 de diciembre de 2014)

Mafias (I): Al servicio del Capital
Mafias (II): Incrustadas en el Sistema
Mafias (III): El saqueo de lo público
Mafias (IV): Perspectivas

Segunda parte de la serie de Eduardo L. Junquera en la que aborda las amnistías fiscales, los trapicheos sindicales, la imposición del "neoliberalismo", las privatizaciones, la financiación de los partidos, los fondos buitre, los aforamientos y los indultos en la España actual.


Amnistías fiscales

Son prácticas mafiosas las diferentes amnistías fiscales que se han decretado desde la Transición. Lo son porque benefician a unos pocos. Esos pocos son los de siempre: los poderosos, los más privilegiados económicamente, los que no tributaban en España, pese a su impostado y falso patriotismo, porque les salía más rentable hacerlo en un paraíso fiscal. Esas enormes cantidades de dinero hay que descontarlas de la sanidad, los transportes, la escuela pública y otros servicios sociales. Estos delincuentes no sólo no han sido perseguidos por su insolidaridad con el resto de sus conciudadanos, sino que cuentan con la connivencia de un Estado que con mil excusas moralmente inaceptables (jurídicamente, también, aunque ya se encargan ellos de garantizar legalmente no sólo el delito, sino la impunidad del mismo) les recibe con las manos abiertas y con la vergüenza olvidada mientras escudriña y exprime al ciudadano medio hasta límites insoportables.


Sindicatos

Son prácticas mafiosas las que en muchas ocasiones llevan a cabo los sindicatos: participar junto a los trabajadores, por ejemplo, en una huelga contra la empresa ocultándoles que el propio sindicato ya ha pactado con la dirección de la misma condiciones salariales que perjudican de forma notoria a los trabajadores. El modelo español de sindicatos subvencionados propicia este tipo de situaciones. En Alemania los sindicatos responden únicamente ante sus afiliados, cuyos intereses defienden de forma denodada, rigurosa y firme. Cuando se abre una negociación colectiva en el país germano, ésta suele tardar meses en cerrarse porque los procesos son extremadamente duros, pero cuando lo hacen son inamovibles durante años. La mayoría de sindicalistas españoles, y esto lo sabemos todos los que hemos trabajado en cualquier empresa sea del tamaño que sea, suelen ocupar los puestos más cómodos y, dentro de la categoría de cada trabajador, los mejor remunerados. Es una forma de "comprar" mediante prebendas de todo tipo a personas que llegan al mundo sindical sin ideología, sin ninguna vocación de servicio hacia sus compañeros y sin un proyecto claro de cómo debe ser un sindicato. Además, estas personas conocen a la perfección las carencias de este sistema y los mecanismos que protegen más al mal sindicalista –que se convierte en un parásito casi invulnerable desde el punto de vista jurídico– que al colectivo de trabajadores. Este conjunto de prácticas, tan comunes, han mermado enormemente el prestigio y la confianza en los sindicatos, cuyos dirigentes, estómagos agradecidos cómodamente instalados, no luchan por los derechos de sus afiliados.


Mafia neoliberal

Son prácticas mafiosas las que se utilizan en las altas esferas del poder. Las llevadas a cabo, por ejemplo, por Mario Draghi cuando era vicepresidente en Europa de Goldman Sachs (cuarto banco de inversión del mundo) y esta entidad asesoró al entonces presidente de Grecia, Kostas Karamanlis, sobre cómo ocultar el déficit del país heleno. Draghi no sólo no fue investigado ni condenado por estos hechos, sino que casi nadie entre los periodistas y los ciudadanos se escandalizó de que alguien con semejante perfil estuviese en la terna de candidatos a presidir el Banco Central Europeo cuando el anterior presidente, Jean Claude Trichet, cesó en el cargo. Hemos asumido que son ellos, los mafiosos, quienes mandan y nos imponen sus normas.

No sólo eso, también nos imponen sus teorías económicas: una de las distorsiones teóricas e intelectuales más perniciosas y frívolas que el sistema económico mundial trata de inculcarnos es la de confundir crecimiento con desarrollo. Son conceptos distintos y, en el contexto social y laboral de algunos países emergentes, incluso opuestos. Estos países crecen, eso es indudable, pero también lo es que lo hacen descuidando derechos sociales. Al no existir un concepto de estado social en estos lugares, ese crecimiento deja en la estacada, cuando no en la miseria, a millones de ciudadanos que lo asumen como algo normal e inevitable en todo sistema capitalista.

También son prácticas mafiosas las que utilizaron PSOE y PP para dar prioridad al pago de la deuda antes que al mantenimiento de los servicios sociales. Para ello, modificaron el artículo 135 de nuestra Constitución. A este acuerdo se llegó sin un verdadero debate parlamentario, de forma extremadamente rápida y sin tener en cuenta los intereses reales de la ciudadanía. Si esa diligencia se utilizara para afrontar nuestros principales problemas, nuestra situación sería bien distinta. Cuando se pierde la dignidad hasta un punto tan despreciable, se pierde también el poco respeto que los ciudadanos podríamos tener por los dos grandes partidos. Ese fue el momento, al menos de un modo formal, en el que dejamos de ser un país soberano para comenzar a acatar las órdenes que venían de fuera. Buena parte de esa deuda es especulativa y no debería pagarse. Lo llaman "seguridad jurídica", en realidad no es más que una estafa de nuestros ilustres y muy honorables delincuentes de traje y corbata. Una de las cosas más penosas de este vergonzoso episodio es que, como tantos otros, no fue explicado a la ciudadanía. La cantidad que supone el déficit o el superávit de un país es lo que determina a su vez lo que éste se endeuda o ahorra. Limitar el déficit supone anular la capacidad del Estado de financiarse para hacer frente a los principales gastos sociales, tales como las pensiones, la sanidad, la educación, los transportes, la dependencia, etcétera. Con la reforma del artículo 135, un ayuntamiento, comunidad autónoma o el propio Estado, darán prioridad al pago de la deuda y sus intereses antes que a los servicios sociales, siendo imposible llevar a cabo este tipo de gastos hasta que no se cubra el importe de la deuda. Yo me pregunto: ¿De qué lado están nuestros políticos, de los ciudadanos o de los grandes bancos y empresas? ¿Es necesario responder?


Desmontando lo público

http://www.corrienteroja.net/media/k2/items/cache/e162e41c2016dbf9a4f7ef4fa6de229c_XL.jpgSon prácticas mafiosas no colocar en los puestos de responsabilidad a los más capaces, sino a los más sectarios, a los más obedientes con las directrices del Gobierno y el partido, y a los que se sabe serán más sumisos con los grandes poderes y grupos de presión. Un ejemplo de ello –por supuesto no el único– es Ana Mato, ya ex ministra de Sanidad. ¿De verdad no había una sola persona más capacitada para dirigir un ministerio tan importante?

Son métodos mafiosos, igualmente, las prácticas que consisten en desmontar un sistema como el de salud publica entregándolo a empresas privadas, repitiendo una y otra vez consignas políticas como que "lo privado funciona mejor que lo público" porque nuestra sanidad se construyó con el sacrificio y el trabajo de millones de ciudadanos y ahora un conjunto de políticos desalmados, insensibles y antidemócratas lo entrega a grupos privados dentro de la más absoluta opacidad. Aunque el debate entre sanidad privada o pública excede el propósito de este artículo, conviene decir que en Estados Unidos tan solo el 27% de sus ciudadanos tienen acceso –pagando, claro está– a un sistema de salud de calidad. La esperanza de vida del país norteamericano es inferior a la de la media de los países de la OCDE y su mortalidad infantil es de las más altas. Es difícilmente defendible un sistema de sanidad privada con las características que posee la de Estados Unidos.

Debemos comprender de una vez por todas que los servicios públicos que forman parte de nuestros derechos como ciudadanos no pueden, bajo ningún concepto, convertirse en negocios privados. Las escuelas privadas seleccionan y clasifican a los alumnos más brillantes en detrimento de los que necesitan más ayuda porque estas ayudas requieren más inversión. Si privatizamos el sistema de transportes no será difícil imaginar la supresión de líneas de autobús que atraviesen barrios poco concurridos por el simple hecho de que no serán rentables. ¿Qué ocurrirá entonces con las personas mayores de estos barrios, con quienes tengan problemas de movilidad o con aquellos que no tengan vehículo propio?

Si se privatiza el sistema sanitario se convertirá en negocio uno de nuestros derechos fundamentales: un hospital podrá rechazarnos tomando como referencia nuestro historial médico al considerarnos "pacientes caros" y antieconómicos. No quiero ni imaginar ejércitos privados capaces de iniciar una guerra para mostrar al mundo sus nuevas armas que posteriormente serán vendidas en los mercados internacionales. Etcétera.

Todos sabemos que nada de esto es descabellado ni está en estado embrionario. Cualquier ciudadano mínimamente informado conoce la inmensa fuerza de la industria farmaceútica, capaz de ocultar estudios que demuestran la capacidad dañina de éste o aquel medicamento que es altamente rentable, y que lleva a cabo infinidad de monstruosidades sobre las que no puedo extenderme ahora. La enorme fuerza de la industria armamentística de muchos países condiciona las decisiones de sus gobiernos en política exterior que, por supuesto, no están supeditadas a ninguna clase de criterio moral, sino a intereses económicos. Hace cinco años el precio de algunos alimentos básicos comenzó a subir de forma exagerada; tal vez este hecho no nos afecte como ciudadanos de países opulentos, pero eso ha llevado al hambre y a la muerte a millones de hombres y mujeres de las naciones más pobres. Muchas de las grandes distribuidoras hicieron acopio de cereales con el único objetivo de que su escasez aumentara su precio. Es decir, el hambre como negocio. ¿Es necesario poner más ejemplos de cómo nuestro sistema considera el beneficio económico como una prioridad que se sitúa por encima del propio ser humano?


La financiación de los partidos

Si ya es cuestionable la norma legal de financiación de las formaciones políticas en España (sólo el 10% de su dinero procede de las cuotas de sus afiliados mientras que el 90% restante son subvenciones públicas), también podemos considerar como prácticas mafiosas muchas otras encaminadas a su financiación. En España, los partidos políticos están obligados a explicar su situación económica en libros de contabilidad que deben presentar cada año al Tribunal de Cuentas. A los seis meses, este organismo tiene que emitir un informe sobre si las cuentas presentadas se ajustan a la legalidad. El último informe acerca de la situación económica de los partidos políticos es de 2007. Teniendo en cuenta este retraso de siete años y que la nueva ley del año 2012 fija un plazo de prescripción de cuatro años para aquellos delitos de financiación ilegal, es muy difícil que el Tribunal de Cuentas tenga tiempo material para castigar e, incluso, detectar comportamientos ilícitos.

Otro matiz importante, excepto si se da el caso de que se inicie un proceso judicial que investigue abiertamente a un partido, es que solo un acuerdo del consejo del Tribunal de Cuentas (elegido por los representantes políticos y, por las informaciones que ahora conocemos, cuajado de familiares de políticos escogidos a dedo), permite comenzar un procedimiento y aplicar las sanciones que correspondan. Todo el marco legal, hecho a medida para que nuestros políticos puedan defraudar.

Hace casi veinticinco años tuvimos conocimiento del caso Filesa, que afectaba al PSOE. La reacción del partido fue particularmente vergonzosa. Se ocultó información a la Justicia, se destruyeron pruebas y se intentó arruinar, con una mezquindad sin límite, la reputación de un hombre intachable y honesto como el juez Barbero. Nadie dentro del partido tuvo la grandeza de reconocer que se habían equivocado; por eso necesitamos formaciones políticas nuevas, porque este sistema y estas estructuras propician que se esconda la verdad y que se sacrifique todo en pos de los intereses del partido.

Ahora podemos seguir en la prensa la trama Gürtel. El presidente del Gobierno enviaba mensajes de apoyo a un delincuente que hoy ya está en la cárcel, y prácticamente la totalidad de los altos cargos del partido parece estar implicada en el cobro de comisiones ilegales, sobresueldos y cantidades no declaradas a Hacienda. Incluso las obras de la sede del partido en Madrid eran ocultadas a Hacienda y pagadas en dinero negro. Éstas son las personas que nos piden sacrificios, austeridad y bajada de salarios. Ellos son quienes nos imponen recortes sociales de todo tipo que en nada les afectan, recortes que compaginan con ayudas a los bancos, subidas de sueldos a colaboradores próximos, cobro de dietas injustificables, medidas de apoyo a las multinacionales, etcétera.


Los fondos buitre

Son prácticas mafiosas vender a los llamados "fondos buitre" viviendas de protección pública, es decir, construidas con el dinero de todos. Detrás de estos fondos están inversores que buscan un retorno rápido. Son lo peor del sistema capitalista: sociedades expresamente creadas para aprovecharse de la debilidad de una empresa, entidad o país y obtener un rápido beneficio sin crear ninguna clase de riqueza. No hay excusa de ningún tipo que justifique la entrada de estos grupos en España para aprovecharse y conseguir réditos con bienes destinados a quienes menos tienen. La empresa estadounidense Blackstone adquirió en junio de 2013 1.800 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid pagando un 40% de su valor. Por su parte, Goldman Sachs compró 3.000 pisos del Plan Joven de la Comunidad de Madrid por un valor de apenas 201 millones de euros. Esta operación está denunciada por los sindicatos. A día de hoy es imposible saber cual va a ser la situación legal de los inquilinos que compraron sus viviendas a organismos públicos y ven ahora cómo pasan a manos privadas. Todos sabemos que nada tiene que ver negociar con un ayuntamiento o comunidad que entrar en litigio con empresas de estas características que recibirán apoyo jurídico y legal por parte del sistema.


Aforamientos e indultos

Son prácticas mafiosas, envueltas, por supuesto, en la legalidad, todas aquellas relacionadas con el aforamiento y con los indultos. El aforamiento es una quiebra del artículo 14 de nuestra Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley. Da lugar a que los aforados sean juzgados por órganos que no les corresponden, puesto que el artículo 24 de la Constitución garantiza el derecho a un juez predeterminado por la ley. Esta excepción permite que muchos políticos manejen a su antojo los tiempos judiciales porque la ley les faculta para dejar de ser aforados cuando lo deseen. Esto explica que delincuentes como Carlos Fabra hayan sido condenados tras once años de juicios, lo cual supone una tomadura de pelo más a los ciudadanos. En España hay alrededor de 17.000 aforados –por uno de Italia, ninguno en Inglaterra, Alemania o EE.UU, y treinta y seis en Francia (todos los miembros del Gobierno)– incluyendo jueces y fiscales, pero son los políticos los que han hecho abuso de esta excepción que se ha convertido en un privilegio.

Las infantiles excusas con las que los políticos justifican este sistema son desmentidas por la propia realidad. Por poner un ejemplo, el régimen especial de aforamiento que rige en Baleares permite que un juez de instrucción ordinario inicie la investigación contra políticos aforados. Este sistema se ha mostrado especialmente eficaz a la hora de agilizar las causas en la lucha contra la corrupción, hasta el punto de que Baleares es la comunidad que cuenta con más condenados a cárcel por este tipo de delitos de toda España. Otro ejemplo de cómo las leyes se hacen para delincuentes: el delito de prevaricación administrativa (común en la mayoría de casos de corrupción en los que están implicados cargos públicos) no conlleva pena de prisión.

Algo parecido ocurre con los indultos. La ley que los regula data de 1870; esta medida no se puede recurrir ni impugnar en ninguna instancia; el Gobierno no tiene obligación jurídica de explicar las razones de un indulto; lo concede, pues, con absoluta discrecionalidad y opacidad; serán susceptibles de recibir esa medida de gracia todos los reos, no importa cuál haya sido su delito. Todos los gobiernos los han aplicado. Suárez indultó a 410 condenados en menos de dos años; Calvo-Sotelo a 878 en el mismo lapso de tiempo; Felipe González a 5.944 en sus más de trece años de gobierno; Aznar a 5.948 en apenas ocho años; Zapatero a 3.378 en poco más de siete; en su primer año de legislatura, Rajoy indultó a 501 reos.

Entre los casos más escandalosos están los siguientes: el indulto otorgado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el 25 de noviembre de 2011, tras las elecciones del 20-N (que además había perdido, lo cual le restaba legitimidad a la hora de tomar medidas excepcionales como esa), a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco de Santander. Gracias a esta medida, el consejero delegado mantuvo su puesto en el Santander. Miguel Ángel Calama, ex director de Caja Rural de Ciudad Real, que fue condenado por los mismos hechos, fue igualmente indultado. En febrero del año 2013, el Tribunal Supremo dejó sin efecto el indulto alegando que el Gobierno no podía anular la normativa bancaria que impedía ejercer de consejero delegado a alguien que ya hubiera sido condenado por delito doloso. Tras este hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto por el cual los antecedentes penales no suponen ya impedimento para declarar la honorabilidad de un banquero, lo cual posibilitaba que Sáenz se mantuviera en el cargo. Poco antes de que el Banco de España se reuniera para decidir sobre su expulsión, Alfredo Sáenz dimitió cobrando una pensión de más de 88 millones de euros. Sáenz es el ejemplo perfecto de como los dos partidos gobiernan del mismo modo (legislando ad hoc en este caso vergonzoso) y bajan la cabeza ante los poderosos.

Están también los dos indultos concedidos por los Gobiernos socialistas de González y de Zapatero al ex presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, condenado por prevaricación y malversación de fondos públicos a 6 años de cárcel y 14 de inhabilitación; el concedido al ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, en 1994; el concedido en 1998 a José Barrionuevo y Rafael Vera, quienes fueron ministro del Interior y secretario de estado del gobierno de Felipe González y que fueron condenados por el secuestro de Segundo Marey, ciudadano francés al que el GAL confundió con un etarra; más recientemente han sido indultados cuatro mossos d'esquadra que fueron condenados por torturas; dos militares responsables del accidente del Yak-42; el Guardia Civil que antes citábamos que grabó una agresión sexual en vez de impedirla; o un conductor "kamikaze" responsable de la muerte de otro conductor. En este caso –como en todos los anteriormente citados– el gobierno no explicó los motivos del indulto, pero la no explicación es, precisamente, lo que da lugar a suposiciones varias. Lo único que sabemos es que el "kamikaze" fue defendido por un bufete en el cual trabajan un hermano de Ignacio Astarloa, miembro importante del PP, y un hijo del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Por contraste, llama la atención que no se concedan indultos, solicitados por abogados y diferentes colectivos, a ex toxicómanos rehabilitados o a personas condenadas por robos menores cometidos años atrás y que han probado su rehabilitación y su participación en diferentes tareas sociales. La lista de ex altos cargos, políticos y empresarios condenados por diferentes prácticas ilegales es tan extensa que es imposible plasmarla en este artículo. No existe justificación posible para que gobiernos de todos los signos hayan indultado, principalmente, a quienes han robado dinero público. Es evidente que esta anomalía del indulto, que al igual que el aforamiento masivo no existe en ningún país de nuestro entorno, supone una injerencia del Gobierno en los asuntos del Poder Judicial.

Para escribir al autor: eduljc@yahoo.es
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Fuente de la imagen: corrienteroja.net

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