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Mafias (I): Al servicio del Capital
© Eduardo Luis Junquera Cubiles, escritor y profesor (eduljc@yahoo.es)
www.laexcepcion.com (12 de diciembre de 2014)

Mafias (I): Al servicio del Capital
Mafias (II): Incrustadas en el Sistema
Mafias (III): El saqueo de lo público
Mafias (IV): Perspectivas

Un exhaustivo recorrido por la política y la economía españolas que demuestra que estamos gobernados por políticos incapaces, deshonestos, sin altura de miras, sin visión de futuro y sin escrúpulos morales. Políticos que, además, son conniventes con los poderes económicos y financieros que tanto influyen en nuestras vidas y que escapan a todo control por parte del ciudadano.

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 Estamos gobernados por mafiosos. Una cierta vergüenza disfrazada de sensatez y responsabilidad nos impide reconocerlo. También tenemos un claro rechazo a aceptar nuestra responsabilidad en todo este despropósito, a admitir que tenemos parte de culpa en esta pantomima de democracia en la que vivimos. Durante años –no hablo de los inmediatamente anteriores al comienzo de la crisis, sino desde la Transición hasta el inicio de la misma– la mayoría de nosotros nos dedicamos a ganar dinero y a aumentar nuestro nivel de vida dejando de lado cosas no menos importantes, entre ellas la pureza de nuestro sistema. Al final, descubrimos algo obvio. Que la democracia no es la tierra prometida tras la cual no existen ya objetivos después de pisar su suelo sagrado; que una democracia no es sólo votar cada cuatro años, sino participar más de asociaciones vecinales, colectivos sociales, organizaciones que busquen el bien común y cualquier otro estamento que vertebre una sociedad civil que aspire a ser verdaderamente sólida.

Estamos gobernados por mafiosos. Naturalmente, no me refiero a los varios miles de concejales e incluso alcaldes que trabajan por su municipio sin recibir contraprestación económica alguna. Tampoco a los cientos de miles de afiliados de cualquier partido que entran en política con el corazón limpio, con vocación de servicio público y con una hermosa idea de como debería ser su país, su región o su ciudad. Me refiero al presidente del Gobierno, a diputados y senadores, a los alcaldes de las grandes, medianas y pequeñas capitales, y a muchos que se han dejado sobornar por inmobiliarias y constructoras en ciudades y pueblos de menor tamaño, a los presidentes autonómicos y, por supuesto, a los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, cargos nombrados por el Presidente del Gobierno a través de Real Decreto. Resultaría muy ingenuo, irresponsable e hipócrita –por el grado de conocimiento de la realidad que tenemos– decir que "alguien" los ha colocado ahí". Por supuesto que tras ellos hay grupos de presión cada vez más fuertes e impunes, y lo serán más a medida que pase el tiempo y los sectores públicos de los Estados disminuyan en favor de las grandes corporaciones. Pero ya no podemos distinguir a políticos de empresarios como si fueran dos entes diferentes. Hoy cualquiera de estos miembros de la élite puede dirigir un gran banco o una empresa eléctrica y al día siguiente ser el máximo responsable de cualquier ministerio. En este orden de cosas, forman una suerte de aristocracia con un fuerte sentimiento de identidad, unión y pertenencia que defiende con ferocidad sus privilegios que en modo alguno coinciden con los del ciudadano medio.


El caso Pujol

Son prácticas mafiosas las utilizadas por la familia Pujol con su inadmisible secuencia de presiones, extorsiones y amenazas de muerte civil para todo empresario que no pagara el impuesto revolucionario. Todo ello adornado con el inexplicable silencio de los medios de comunicación de España y de Cataluña. Cuando uno lee en la prensa acerca de este caso, puede pensar cualquier cosa menos que este tipo de políticos defiende algo que no sea lo suyo que, en realidad, es lo nuestro en la medida que costeamos sus caprichos y veleidades. La importancia y magnitud del caso Pujol no viene determinada por las cuantías económicas –de proporciones bíblicas– sino por la transversalidad del caso: toda la alta sociedad catalana y la española, poderes económicos y políticos incluidos, lo sabían. Los medios de comunicación también.

Ahora sabemos que el 9 de octubre de 1999 el diario La Vanguardia, ante la proximidad de las elecciones en Cataluña, censuró un artículo de Gregorio Morán en el que se hablaba de forma abierta, aunque sin los detalles que ahora conocemos, del sospechoso enriquecimiento del clan Pujol. En quién confiar entonces. Es imposible que el actual presidente de Cataluña, Artur Mas, que ocupó durante seis años nada menos que las consejerías de Economía y Obras Públicas, no tuviera conocimiento de estas prácticas. El actual Gobierno catalán ha llevado a cabo recortes en sanidad y educación que han deteriorado la calidad de estos servicios.

Se calcula que la familia Pujol, con su red de sobornos y comisiones, podría haber obtenido más de 2.500 millones de euros. Esta cantidad de dinero se encuentra en diferentes paraísos fiscales de Europa y América, también en algunos países asiáticos, y procede del cobro de comisiones de obras y servicios adjudicados por el Gobierno catalán durante los años en que Pujol fue presidente. Imaginemos esa cifra en los presupuestos de Cataluña e invertidos en las partidas de las que nunca deberían haber salido. Algunos de los recortes que nos venden como absolutamente inevitables son menores que las enormes cifras de corrupción que se manejan en este caso. Estos son los llamados "patriotas" de la causa catalana. Tanto repetir la consigna de "España nos roba" y resulta que el desfalco a las arcas públicas lo cometían el padre del nacionalismo catalán posterior al franquismo y sus familiares con la aquiescencia (en caso contrario hubiera sido imposible) de sus colaboradores más cercanos.

Es curioso, al presidente catalán le acompaña de modo formal el epíteto "molt honorable". Es un ejemplo más de la estupidez e inconsciencia de todos nosotros: permitir que un hombre normal y corriente sea considerado honesto como por designación divina y no por sus actos es algo muy infantil. Uno se sitúa oficialmente por encima del bien y del mal y todo arreglado. Nada importan, pues, los hechos. El carácter sagrado de las instituciones, incluyendo la presidencia de una comunidad autónoma, viene determinado por dos legitimidades: los votos del pueblo y la labor diaria de los que allí trabajen y desempeñen con honestidad y eficiencia sus funciones. Llamar a una institución "sagrada" porque sí, supone vaciarla de contenido a la manera en que se consideraban infalibles e inexorables, independientemente de su idoneidad, las decisiones adoptadas en las asambleas de la antigua Unión Soviética o en la dictadura castrista. Es la funcionalidad y la eficacia –repito– de una institución en el servicio público lo que cimenta su autoridad, y no su mera existencia puramente nominal.

La tomadura de pelo del clan Pujol continúa a día de hoy. La esposa del patriarca, Marta Ferrusola, ha declarado con enorme confianza que "esto se olvida". Esa es la consideración que le merecen sus propios conciudadanos catalanes. De nuevo se envuelven en la señera. Es un ataque a Cataluña, nos dicen. Son ellos quienes la han agredido durante treinta y cuatro años y lo siguen haciendo: la familia Pujol ha declarado que se pone a disposición de la Justicia y por otro lado ya ha anunciado su intención de denunciar a los dos bancos andorranos que han filtrado las primeras informaciones. Lo mismo podemos decir de Convergencia, han manifestado que el caso Pujol es un caso privado, pero ya le han prestado asesoramiento legal. Los "padrinos" se protegen entre ellos. Hay un cierto carácter humillante en el desprecio que muestran los políticos hacia nosotros. De tanto creerse sus propias mentiras y de vivir en su impostado mundo de alfombras rojas, coches oficiales y adulaciones, han terminado por desconocer el significado de la palabra dignidad.

Dos últimos apuntes: de confirmarse las cifras que aparecen en la prensa, la familia Pujol sería, según la revista Forbes, la séptima fortuna de España, una fortuna lograda íntegramente gracias a la corrupción, al tráfico de influencias y al abuso de posición privilegiada. Cosas del nacionalismo –de todos los nacionalismos–: nada hay como adjudicar al otro el papel de malo para olvidarte de tus propias miserias. Durante años, la familia Pujol denigró al pueblo andaluz con declaraciones inadmisibles e intolerables con las que mostraban su celo a la hora de proteger al pueblo catalán de tan "inmorales" y "miserables" gentes. Pues bien, lo que esta "ejemplar" familia ha robado duplica ampliamente las cifras del escándalo de los ERE en Andalucía. Del deficiente funcionamiento de la democracia española habla bien a las claras el dato de que haya sido el sindicato franquista Manos Limpias el que haya interpuesto una querella contra la familia Pujol y no la Fiscalía General del Estado. Qué podemos decir de un sistema que se muestra incapaz de denunciar, juzgar y encarcelar a sus políticos corruptos por no se sabe qué pactos inconfesables y tenebrosos.


Prácticas mafiosas

Son prácticas mafiosas todas aquellas destinadas a mentir o a esconder la verdad, sea ésta cual sea, para favorecer a un partido concreto. En estos métodos han incurrido todos los grupos, señal de que, pese a su discurso, lo más importante es el propio partido y no el bien común; si bien es cierto que no todos ellos lo han hecho con el mismo grado de descaro ni asumiendo que esa es la única forma de hacer política. No descubro nada hablando de la indecente rigidez de los partidos españoles; de la vergonzosa disciplina de voto en Congreso y Senado que asfixia cualquier debate; de que apenas existe un solo político honesto capaz de saltarse las consignas de su grupo cuando éstas chocan con su propia conciencia y de que si lo hacen es de un modo testimonial, apenas gestos de cara a la galería. Un ejemplo de ello es que no hubo ninguna condena de parte de ningún miembro del Partido Popular, ni hombre ni mujer, cuando Gallardón indultó, incomprensiblemente, al Guardia Civil condenado por grabar "sin dejar de reírse" una agresión sexual. Otro ejemplo es que ninguno de aquellos que han monopolizado la idea de patria y nación en Cataluña haya sido capaz de decirnos cuales eran los procedimientos de camorra instaurados en su región a la cual decían proteger de la endémica y secular corrupción de Castilla y de la España atávica.

Mentir también se puede hacer de un modo más sutil. La mediocridad de nuestros políticos se refleja a día de hoy en cómo manejan y manipulan los datos relativos al desempleo: los principales políticos del PP se muestran triunfalistas con las actuales cifras de creación de trabajo. Cualquier ocultación voluntaria de un dato puede suponer no aportar un matiz decisivo que cambiaría la percepción del problema por parte de la ciudadanía. Es lo que ocurre en este caso: más del 92% de los contratos que se firmaron en España en el mes de noviembre eran temporales, algo que apenas comenta el actual Gobierno. Otro dato fundamental: alrededor de un 28% de las personas que trabajan a día de hoy en nuestro país son pobres y tienen dificultades para llegar a fin de mes, lo cual supone, cuando menos, la obligación de revisar los criterios que antes utilizábamos para medir la riqueza de un país.


PSOE: al servicio del Capital

Son prácticas mafiosas las comisiones ilegales que las grandes constructoras y otros emporios otorgan al poder político. Son siempre las mismas grandes empresas las que tienen las manos sucias. Todos lo saben, y todos callan. En su momento lo denunció el entonces Ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, que años después, convertido ya en candidato a la presidencia del Gobierno por parte del PSOE, declaró su intención de pactar un programa de gobierno junto a Izquierda Unida. Rápidamente se lo quitaron de en medio. En el PSOE es norma que el discurso de izquierdas en boca de sus dirigentes jamás pase a la práctica, principalmente en cuestiones relativas a la economía. Cosas de la camorra y del bipartidismo. Poli bueno, poli malo. Y aún hay gente que cree en esta formación.

Fue el tercer golpe de mano que los "socialistas" españoles infligieron a su propio partido. El primero se produjo en el congreso de Suresnes en 1974 cuando González y Guerra, apoyados por la Internacional Socialista, asumieron el control del partido. El PSOE que surgió de ese congreso se presentó como una opción más moderada que la de Rodolfo Llopis que había controlado el partido férreamente en el exilio. Pese a ello, la nueva ejecutiva de Felipe González mantuvo su discurso radical con el fin de conectar con las clases populares y con una parte de la clase media antifranquista. Puro marketing. La llegada de González también estaba apoyada por Estados Unidos para garantizar una transición "tranquila". Lo de tranquila tenía menos que ver con los militares de lo que todo este tiempo habíamos pensado. Se trataba, en realidad, de no perjudicar los intereses norteamericanos en España: mantener las bases militares establecidas durante el franquismo y garantizar la permanencia en la OTAN tras el previsible triunfo socialista.

El segundo "golpe" fue el del 28° congreso socialista en el año 1979, cuando González pronunció la famosa frase "Hay que ser socialista antes que marxista". Esto no era sino una renuncia expresa (otra más en el continente tras la que había expresado Erich Ollenhauer al frente del SPD alemán en 1959 o, tiempo después, Mitterrand en Francia ante sus insuficientes resultados electorales) a defender los intereses de los trabajadores, a enfrentarse a los poderosos y a construir en España un sistema social a imagen de los países nórdicos. Comprendemos ahora, más de treinta años después, que González jamás deseó una verdadera revolución en España. A González no le cambia el poder como tantas veces pensamos de los hombres que tienen un discurso en la oposición que no llevan a la práctica cuando gobiernan, sino que llegó al Gobierno con una idea perfectamente definida de lo que quería hacer en todos los ámbitos. Es el único presidente que podría haber gobernado tomando medidas excepcionales respaldado por la fuerza del pueblo en la calle. Hay dos clases de políticos: los que quieren cambiar un país y los que tan solo buscan heredarlo. González pertenecía a este último grupo, el de los conformistas con el poder, el de los que bajan la cabeza ante el orden establecido. Igual que Craxi, Mitterrand o Carlos Andrés Pérez, pero incomparablemente mejor presentado ante la sociedad en cuestión de marketing y propaganda.

Durante los años que fue secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, el Partido Socialista rozó el culto a la personalidad hacia él, todo ello fomentado por la insoportable vanidad del personaje. González es para el socialismo español lo que el gallo que piensa que el sol sólo sale por causa de su canto. El PSOE ha mitificado su figura. En parte porque desean creer sus propias mentiras: es muy duro reconocer que quien ha liderado el socialismo en nuestro país tan solo fue –más allá de la retórica– un servidor de los intereses de las élites. También porque en su deseo de seguir tutelándonos piensan que necesitamos mitos sagrados que den respuestas a nuestras incertidumbres. Con esto no quiero decir que no se lograran avances sociales de indudable importancia durante las cuatro legislaturas en las que gobernó Felipe González (en ese tiempo se universalizaron la sanidad y la educación) , sino que debemos ver esta etapa con ojos críticos porque fue entonces cuando se sentaron las bases del actual desatino: se rompió el diálogo con los sindicatos, liderados entonces por dos hombres, Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, que nada tenían que ver con los dirigentes actuales; comenzó el proceso de privatizaciones de empresas públicas; se permitió la entrada en España de las empresas de trabajo temporal; se manipuló de forma abierta en Televisión Española; no se persiguió el enorme fraude fiscal ni la corrupción; se comenzó a sopesar de forma abierta la privatización de la sanidad pública (Informe Abril); permitió, pese a su discurso anticlerical, que se mantuvieran los acuerdos con la Santa Sede y los privilegios de la Iglesia Católica, etcétera.

Tampoco el gobierno socialista se diferenció en sus políticas económicas de las que practicó el PP años después ni se enfrentó a ninguno de los grandes poderes que históricamente han impedido el progreso de España. González nos convenció, y esa es su mayor aportación al triunfo del capitalismo injusto, de que no eran posibles medidas diferentes de las que aplicó durante las cuatro legislaturas que duró su gobierno. El mismo hecho, pedir perdón o reconocer una equivocación, es algo sencillo para un sabio, pero insufrible para un necio.

El actual líder del PSOE, Pedro Sánchez, está en la misma línea de González: importa más la imagen que el contenido; incapacidad total para enfrentarse a los poderes fácticos; utilización de una mentira tras otra para alcanzar el poder; apariencia de carácter negociador y moderado, etcétera. Estos son los "hombres de Estado" modernos: cordiales, educados, siempre sonrientes, impecables en su lenguaje de defensa del débil y de la democracia, pero insensibles con los problemas del ciudadano medio y, naturalmente, al servicio de poderes que ni combaten ni cuestionan porque sólo buscan mantener sus privilegios y su acomodada situación.


La contrarreforma de Zapatero

Los parámetros que utilizamos para analizar la situación en España nos sirven también para Europa: la actual crisis económica solapa la verdadera magnitud de lo que está ocurriendo que no es más que un asalto de los poderes económicos para hacerse con lo poco que resta de los sectores públicos en el continente. Este proceso, que vivimos como algo inevitable desde hace más de treinta años, ha dado lugar a enormes grupos de presión cada vez más poderosos que están exentos de cualquier control por parte del ciudadano. A esto se ha llegado con la total connivencia del poder político, luego no debe extrañarnos que los gobiernos no exijan transparencia ni honestidad a estos poderes y que les permitan desarrollar sus actividades en medio de una creciente impunidad. En realidad, hay pocas razones para ser optimistas a este respecto: no controlamos ninguno de los factores económicos que influyen de forma decisiva en nuestra vida cotidiana; ni el precio de la gasolina ni el de los alimentos ni los tipos de interés que afectan a nuestra hipoteca cada mes; tampoco elegimos a los presidentes de los grandes bancos, de los laboratorios farmacéuticos o de cualquier otra gran empresa.

Decía Albert Camus: "El primer acto de libertad es decir no frente a lo inaceptable". A día de hoy, un político no solamente debería definir su honestidad por algo tan pueril como no robar. La situación actual exige políticos decentes y el primer acto de decencia es ser activo frente a los poderes que tratan de someter al ciudadano. Más allá de las palabras, ya sabemos dónde estaba Pedro Sánchez cuándo el PSOE se alió con el PP para dar prioridad al pago de la deuda antes que al mantenimiento de los servicios sociales modificando para ello el artículo 135 de nuestra Constitución. Dónde estaba Sánchez cuando se aprobó en 2010 la reforma laboral de Zapatero. Esta reforma amplió las causas por las que los empresarios podían despedir a los trabajadores sin justificación alguna; abarató el despido acortando los plazos de preaviso; facultó al empresario para incumplir los convenios sin ser sancionado, simplemente alegando que esto mejoraría la situación de la empresa. En realidad, tanto el salario como las condiciones de trabajo y otros derechos laborales podían ser ignorados mediante un pacto dentro de la empresa que podía fijar unas condiciones perjudiciales para los trabajadores respecto a lo que los respectivos convenios les garantizaban.

El Gobierno socialista amplió legalmente varios aspectos sobre los cuales el pacto de la empresa se situaba por encima del convenio sectorial. En esa ampliación se incluía todo lo que tiene que ver con la distribución del tiempo de trabajo. Por ejemplo, un empresario podía implantar un plan de trabajo que obligara a los trabajadores a trabajar los siete días de la semana. El empresario, para llevar a cabo esta acción, sólo debía declarar que esto "era lo mejor para la empresa", porque la reforma eliminaba el control judicial en este sentido, lo cual abría el camino para confeccionar pactos a medida de cada empresario. El pacto de empresa también permitía al empresario fijar un salario menor al acordado en el convenio porque las dos garantías jurídicas (preferencia de regulación del salario que hubiera sido pactado en el convenio y supresión de la intervención de la Comisión Paritaria del convenio sectorial) habían sido eliminadas en la nueva reforma. Se ampliaron, además, los motivos para que el empresario pudiera recortar los salarios. Entre esos motivos estaban las malas perspectivas económicas futuras de la empresa, aunque en la actualidad no existieran dificultades para el normal funcionamiento de la actividad de la misma. La reforma reconoció claramente la potestad del empresario para modificar de forma unilateral los pactos de empresa que están por encima de los convenios. Esto afectó a todos los pactos y acuerdos anteriormente negociados con los sindicatos, ya que la reforma otorgaba al empresario la capacidad de negar la validez vinculante de dichos acuerdos.

La reforma alcanzó también al sector público en dos cuestiones primordiales. En primer lugar, porque consideraba el déficit presupuestario de administraciones o entidades causa de despido, lo cual conllevaba un posible despido de trabajadores públicos fijos, aunque no de funcionarios. En segundo término, porque las administraciones que acudieran a la privatización de servicios para ahorrar costes podían alegar "mejora de la situación de la entidad", razón por la cual podían acogerse a despidos. Se produjo, por último, la entrada de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) con objeto de gestionar las bolsas de contratación temporal de la Administración Pública con la consiguiente degradación de las condiciones laborales de los trabajadores.

Zapatero decía de esta reforma que "beneficiaba a los trabajadores y al empleo". No era más que otra inmensa tomadura de pelo del Partido "Socialista" hacia los ciudadanos. Es inexplicable que esta formación, tras años de traiciones a los trabajadores y a la clase media, aún no haya sido castigada como merece por sus votantes. ¿Dónde estaba Sánchez cuando Zapatero redujo el sueldo de funcionarios públicos y congeló las pensiones?

La pasividad de Sánchez no se limita únicamente a estos casos; a lo anteriormente citado hay que sumar su vinculación con Caja Madrid entre los años 2004 y 2009 (hecho que borró de su biografía oficial), cuando formaba parte de su Asamblea General como representante socialista del Ayuntamiento de Madrid. La Asamblea General era, como recogían sus estatutos, el máximo órgano de gobierno de la Caja y tenía entre sus funciones la aprobación de las cuentas anuales, los informes de gestión y nombrar a los miembros de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos. Sánchez no se opuso, en su papel de consejero, al ruinoso dispendio que supuso la compra del City National Bank of Florida (noviembre de 2008) por 927 millones de euros. Tampoco fue contrario a la política de concesión de "créditos amigo" practicada por la caja, a que aumentara artificialmente su balance con activos tóxicos procedentes de la burbuja inmobiliaria o a los sueldos millonarios que su entonces presidente, Miguel Blesa, y sus consejeros cobraron en aquel tiempo (un número de 17 directivos cobraron 71 millones de euros en cuatro años).

Otra de las prácticas no censuradas por Sánchez fue el hecho de que Caja Madrid ofreciera participaciones preferentes a la vez que negaba la dación en pago. Sánchez aprobó con su voto en tres asambleas distintas la emisión de estas preferentes, que resultaron ser una estafa que está a día de hoy en manos de la justicia. La Audiencia Nacional ha apreciado "indicios de criminalidad" en Blesa por crear este producto. Durante el tiempo en que fue consejero, Sánchez obtuvo una hipoteca concedida por la propia entidad. Otra de las prácticas permitidas por la pasividad de Sánchez  fueron los cuantiosos e injustificables préstamos concedidos al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, implicado en varios casos de corrupción. Y así varios ejemplos de inacción y por su parte. Nada nos permite pensar que esa no vaya a ser su actitud cuando tenga que elegir, si llegara a presidir el Gobierno de España, entre defender los intereses de los poderosos o los de los ciudadanos. No es serio, honesto ni coherente decir "no sabía nada" o "voté a favor de tal o cual medida aunque no estaba de acuerdo". Esta actitud acomodaticia no ha sido únicamente patrimonio del actual secretario general del PSOE, sino de todos los parlamentarios y senadores "socialistas, incapaces de rebelarse contra Zapatero como antes fueron incapaces de hacerlo contra González. Quien piense más en su comodidad que en el bien público, no debe dedicarse a la política.

Para escribir al autor: eduljc@yahoo.es
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Imagen: eljueves.es

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