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El gobierno contra la desinformación, ¿censura?
© Simón Itunberri (@SItunberri / situnberri@gmail.com)
www.laexcepcion.com (21 de noviembre de 2020)

Análisis jurídico de las 'fake news' en los tipos penales", un plano  imprescindible para la orientarse en este terreno "resbaladizo" - Confilegal

El 30 de octubre de 2020 el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España promulgó la Orden Ministerial PCM/1030/2020 «por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.»

Como era de prever, la opinión pública se dividió en dos: los partidarios del gobierno, identificados con la izquierda en general, defendiendo la orden como una herramienta necesaria para luchar contra la oleada de fake news; los opositores al gobierno, identificados con la derecha en general, atacando duramente la orden por implantar un mecanismo de censura.

Animo a todos los lectores a leer y analizar la orden; es breve y su lenguaje es accesible para cualquier lector sin formación jurídica. A los lectores de izquierdas los invito a leerla teniendo en mente las siguientes preguntas:

1. Si esta norma hubiera sido decretada por un gobierno de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ¿estaría a favor de ella?

2. Si un gobierno de esas formaciones llegara al poder, ¿estaría de acuerdo en que aplicaran los mecanismos que establece la orden?

La orden comienza exponiendo el contexto en el que se ha aprobado: «La libertad de expresión y el derecho a la información […] se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios.»

Analicemos qué hay implícito en ese párrafo. Desde que se ha puesto de moda la expresión fake news, se viene transmitiendo la idea de que el fenómeno de la desinformación es algo nuevo. Es cierto que la comunicación a través de móviles y redes sociales ha aumentado el número de posibles bulos en circulación. Pero no hay que olvidar dos cosas:

- Los grandes medios de comunicación que hasta hace poco han tenido el monopolio de la información de masas (ámbito que todavía dominan en su gran mayoría) son desde siempre medios al servicio de intereses espurios. Manipulan masivamente y difunden informaciones falsas con objetivos tan repugnantes como provocar guerras; desde la famosa instrucción de W. R. Hearst a un colaborador: «Tú pon las ilustraciones, que yo pondré la guerra», hasta el gigantesco bulo de las “armas de destrucción masiva” inventado para invadir Irak en 2003. Y sobre todo ejercen una de las prácticas de intoxicación más graves, pero que más desapercibidas pasan: ocultan al público datos esenciales para la comprensión de los fenómenos, con lo cual una información sesgada manipula la opinión general en una dirección concreta.

- Internet ha permitido que en medio de la gran nube de información controlada por las cuatro o cinco agencias de noticias oligopolísticas y los dos o tres gigantes de la red se abran pequeñas grietas de información alternativa. Es cierto que una buena parte de estos contenidos no tienen rigor, pero: 1. ¿Acaso lo tienen los gigantes de la información? 2. ¿No hay que dejar que sea el consumidor quien contraste fuentes y llegue a sus propias conclusiones? (Tiemblo al pensar que muchos responderán: “No”.)

Continúa la orden: «La Comisión Europea define la desinformación como la “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público”». Según eso, habría que combatir denodadamente a los medios que vienen incitando y apoyando las guerras imperialistas, que tantas vidas están costando (p. ej., la guerra contra Siria, tan desconocida por el público en general). No lo dudemos: no se hará.

La orden alega que en tiempos de COVID-19 la desinformación está siendo «acompañada de una “infodemia” sin precedentes». El problema es que si es un organismo gubernamental quien define qué información es falsa y cuál no, obviamente toda la información que procede del gobierno y sus ramificaciones se considerará correcta, aun cuando esté llena de contradicciones y sea inverosímil, como viene ocurriendo; y la información que cuestione las cifras y teorías oficiales se considerará falsa. Y, por supuesto, se darán por válidos los comunicados y documentos de la Organización Mundial de la Salud, aun cuando se contradigan y estén manifiestamente sesgados.

Según la orden ministerial, hay que «abordar la desinformación de manera coherente, considerando la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la COVID-19». Este párrafo es auténtica neolengua orwelliana. Máxime cuando vemos cada día cómo plataformas como Youtube están ya eliminando vídeos, y redes sociales como Facebook y Twitter introduciendo advertencias a los usuarios sobre ciertos contenidos “molestos” (mientras, como bien se sabe, se deja circular libremente mensajes dañinos de todo tipo). La censura ya está en marcha; ahora se va a dar un paso más.

La Comisión Permanente contra la desinformación está «coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación y dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional» y «se compone de aquellos órganos y organismos con responsabilidades operativas», entre ellos el Consejo de Seguridad Nacional. Queda claro que no es un órgano independiente, sino gubernamental. En estos momentos, depende del gobierno actual; en el futuro, de un gobierno diferente.

Se invita a colaborar a «los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico»; justo los medios que llevan toda la vida desinformando sin que casi nadie combata sus mentiras y silencios. Parece obvio que el nuevo organismo no va a denunciar la desinformación de los medios sistémicos vinculados con los grandes grupos globales de comunicación (en realidad, de desinformación).

Según el texto, «las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de aquellas organizaciones o personas cuya contribución se considere oportuna y relevante». Es decir, en estos momentos, los medios afines al PSOE; si gobierna la derecha, los medios afines a ella.

La orden es muy imprecisa en cuanto a qué tipos de medidas se podrían tomar contra la “desinformación”: ¿Cierre de webs o medios? ¿Multas? ¿Obligación de rectificar la información publicada? ¿Denuncia ante la justicia? Esa ambigüedad deja la puerta abierta a todo tipo de abusos por parte del ejecutivo.

El PP, Ciudadanos y Vox se han pronunciado en contra de esta medida, alegando escandalizados que se trata de un atropello a la libertad de expresión. Pero si algún día llegan al poder ya veremos cómo no la derogan y cómo la aplican en beneficio propio. Lo mismo que Pedro Sánchez prometió derogar la Ley Mordaza del PP, y luego no solo lo ha hecho, sino que su gobierno ha sido el que más veces la ha aplicado; con la excusa de la “pandemia”, por supuesto. Un ejemplo de cómo las circunstancias sanitarias están siendo utilizadas para recortar las libertades, y no dudemos de que cada vez se usarán más. Todos protestan desde la oposición, pero una vez en el gobierno todos aplican los recortes de libertades.

Es muy triste comprobar que apenas hay opinadores independientes que analicen críticamente las políticas, al margen de quién las aplique. Lo más común es que los de un partido o bando confíen en cualquier cosa que hagan los políticos afines, y critiquen toda medida tomada por el bando contrario. Si uno no es capaz de desmarcarse nunca de lo que hacen “los suyos”, debe plantearse su capacidad crítica y de juicio.

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Fuente de la imagen: confilegal.com

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